Lo propio de los organismos vivos es el poseer mecanismos internos de regulación y control, destinados a preservar los procesos que rigen y permiten la regularidad y duración de su existencia.

También de las organizaciones sociales, incluidas las universidades, privadas o públicas, cabe decir lo mismo. Al respecto, sabemos que los recursos y gastos de todos los entes sociales,  han ido siempre, de una u otra manera, acompañados de mecanismos de control dedicados a salvaguardar la corrección normativa de sus actividades y la positiva administración de sus recursos, exponiendo luego a las correspondientes cúpulas organizativas las conclusiones y propuestas derivadas del ejercicio de su función.

En España, el desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de control de la actividad económica del Estado, en sus diferentes ámbitos institucionales, experimentó una destacable mejora a partir de la vigencia de la Constitución de 1978, cuyo desarrollo, tras diversos precedentes normativos, dio lugar a la vigente Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre, que introdujo por primera vez, como mecanismos básicos de control de la función económica del sector público, la aplicación de la función interventora y de la técnica del control financiero permanente, con el fin de analizar el grado de cumplimiento, en el ejercicio de dicha función económica, de los principios básicos de legalidad, economía, eficacia y eficiencia,

En la Universidad Miguel Hernández, la aplicación de estas técnicas de análisis corresponde a su Servicio de Control Interno, cuya existencia ya se presupone en el artículo 3 de la Ley 2/2003 de 28 de enero de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, cuya creación se ordena explícitamente en el artículo 127 del Decreto 208/2004 de 8 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana y cuyos objetivos y procedimientos de actuación están recogidos en su vigente Reglamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Universidad en su sesión de 26 de marzo de 2018.

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